Dip. OMAR ÁVILA /
En 2017 vimos como nunca en la historia reciente a gente comiendo de la basura, a nuestros conocidos perder peso mes tras mes, y a niños que no alcanzaban la talla que les correspondía al nacer e incluso correspondiente para su edad: la ENCOVI de ese año registró que seis de cada diez venezolanos habían perdido en promedio 11 kilos, y que más de ocho millones comían dos veces al día o menos.
Nueve años después, el 12 de octubre de 2026, Delcy Rodríguez intervino en el Foro Mundial de la Alimentación de la FAO, afirmando que los alimentos “jamás deberán convertirse en instrumento de presión o confrontación política”, mientras su firma, como presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, está al pie de la Ley Constitucional de los CLAP de 2018.
La actual política alimentaria ha cambiado las herramientas, pero no la lógica de su implementación. Entre 2016 y 2019 el poder controló la comida con expropiaciones, control cambiario y cajas repartidas contra un carnet. Lo que viene no se diferencia mucho de lo anterior, ya que se puede controlar administrando el acceso al ingreso, al crédito, al precio de la cosecha, a la ley que viene y a la ayuda internacional.
La nueva Ley de Soberanía Alimentaria se anunció en Roma, no en Caracas y, según lo explicado ante la FAO, busca encadenar la economía comunal, los emprendedores y la gran industria agroalimentaria, asegurando seguridad jurídica sobre la propiedad de la tierra. La promesa es notable viniendo de la misma ala gubernamental que expropió de 3,6 a más de 5 millones de hectáreas en un pasado reciente, y que en 2010 hizo lo propio con Agroisleña, que abastecía cerca del 70% del mercado de insumos agrícolas y financiaba a unos 20.000 productores.
El riesgo alimentario que no podemos correr es aprobar un pacto entre el poder y los grandes actores de élite, con lo comunal como fachada y el productor pequeño o mediano por fuera. Y aquí, un indicio temprano: en el primer trimestre de 2026, la gran industria creció 13,5% mientras la pequeña se contrajo 6,2%.
Según Fedeagro, Venezuela tiene 12 millones de hectáreas aptas para la siembra y cultiva 2,4 millones, es decir, el 20%; el gremio señala como obstáculo principal la anulación del crédito agrícola; el 90% de los insumos es importado, sumando que el país todavía importa la mitad del maíz que consume.
En abril, Fedenaga denunció que la ganadería bovina había sido excluida de la cartera de créditos del gobierno para el agro. En consecuencia, en 2026 ya no hace falta expropiar una finca, basta con decidir quién recibe financiamiento y a qué precio vende; el Estado ya no confisca; selecciona. Entonces, quien controla el crédito y el precio decide quién sobrevive en el campo.
Quizás conviene recordar qué fue el CLAP, porque el gobierno lo presenta hoy como una conquista, olvidando que el acceso a las cajas se condiciona al Carnet de la Patria, y que la frecuencia de las entregas es discrecional. Según la acusación de fiscales estadounidenses, una empresa de Álex Saab y Álvaro Pulido recibió contratos por unos 340 millones de dólares en 2016 y 370 millones en 2017 para importar cajas. El Departamento del Tesoro estimó que al menos el 70% del programa se perdía por corrupción. Lo que llegaba era de mala calidad: la leche en polvo traía un tercio de la proteína exigida, y Colombia incautó más de 25.000 cajas con arroz infestado de gorgojos.
El informe de la FAO de este año vuelve a dejar a Venezuela sin estimaciones oficiales en indicadores básicos, como la escala de experiencia de inseguridad alimentaria. Colombia reporta 28% de inseguridad moderada o grave; Perú, 33,6%; Venezuela, nada. Según Raffalli, el país lleva más de una década sin enviar esa información. En su último reporte, de 2016, el gobierno situaba la pobreza extrema en 4,4%. Un año después, la ENCOVI la midió en 61,2%.
Sería deshonesto de nuestra parte negar lo que cambió: hay comida en los anaqueles; el consumo de pollo se recuperó desde su mínimo de 2018; el café proyecta 1,8 millones de quintales frente a 350.000 en 2020, y el FMI prevé un crecimiento de 5% este año. Pero conviene mirar de dónde vino esa mejora, ya que la economía agroalimentaria empezó a respirar cuando el Estado (ya en quiebra evidente), dejó de controlarla.
Desde Unidad Visión Venezuela, no tapamos el sol con un dedo, porque estamos cerca de la gente y entendemos que la mejora tiene un límite que ningún anaquel lleno disimula: hay comida, pero no hay con qué comprarla, el hambre de hoy no se mide en colas, sino en lo que cada familia deja de poner en el carrito.
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